En la cuerda floja

 

“Lo siento mucho, pero ahí yo no puedo hacer nada, le corresponde a la federación, a la PGR, investigar ese tipo de delitos”: Es la declaración del gobernador y/o del presidente municipal cada vez que se sabe de la actividad criminal de alguno de los grupos de narcotraficantes que hay en México en la entidad que gobiernan o presiden.

Y tienen razón, el gobierno federal es el único que legalmente puede investigar y perseguir los delitos cometidos por narcotraficantes; en cualquier estado de la república, incluido el Distrito Federal.

Todos los días se da la noticia de que el ejército detuvo a un contingente armado en posesión de droga (mariguana, cocaína, anfetaminas y otros productos químicos). Lo hacen en retenes instalados en carreteras, pero también acompañando a agentes de la AFI o de la PGR que realizan algún operativo contra el crimen organizado por todo el territorio nacional. Tales acciones son bien vistas, porque están realizando su trabajo.

Se ha dado con frecuencia el caso de que sea detenido algún alto funcionario de cualquier policía estatal, municipal o federal porque se descubrieron sus nexos con el narcotráfico y nadie ha protestado porque al contrario, qué bueno que la policía investigue y descubra al cáncer interno.

Pero lo del martes 26 de mayo en Michoacán nunca antes había sucedido en nuestro país: PGR y ejército, perfectamente coordinados en acciones que se desarrollaron a todo lo largo y ancho de ese estado detuvieron a 28 empleados de gobierno acusados de colaborar con el narcotráfico. Entre los detenidos hubo policías, jefes policíacos, presidentes municipales, un juez y colaboradores del gobernador, Leonel Godoy.

Aunque el partido de este último es el PRD, los alcaldes detenidos eran miembros tanto de éste, como del PRI y del PAN; es decir, no se trató de una cacería de brujas contra un solo partido por motivos electorales.

¿Por qué entonces las protestas de algunos políticos porque no se avisó al gobernador anticipadamente del operativo? Precisamente por la misma razón que acusan al gobierno federal sin fundamento: por motivos electorales.

Imaginemos el escenario: Se descubre que un estado de la república está infiltrado por el narcotráfico en todos los niveles, desde el policía de a pie, pasando por sus jefes hasta las más altas esferas del gobierno, hasta los colaboradores más cercanos del mandatario. ¿Se debe avisar a éste del operativo?:

“Oye, mira, te llamamos para avisarte que mañana vamos a detener a colaboradores muy cercanos a ti, a once presidentes municipales y a jefes policíacos de tu estado para que estés preparado; diles que se vayan a trabajar con ropa adecuada, porque vamos a ir por ellos.”

Godoy parece ser un hombre honesto, pero mientras no se interrogue a los detenidos no se puede saber si encubría a alguno (desde luego, suponiendo sin conceder), así que si algún miembro de la PGR o del ejército, o alguno de los altos funcionarios a cargo del operativo avisara de la acción al mandatario podría inclusive ser sujeto de encausamiento penal porque la misma requiere del sigilo para tener éxito.

No se trataba de detener a una o dos personas, eran 28 por todo el estado y no fue una descortesía hacia Godoy por los motivos expuestos antes.

En Estados Unidos ya es común ver este tipo de acciones por parte del FBI y de la DEA: vigilan e investigan durante meses a los traficantes de droga para descubrir quiénes son sus contactos y cuántos están involucrados y cuando cuentan con toda la información detienen a todos en diversos sitios de la manera mejor coordinada.

Pero no avisan a ninguna otra autoridad con anticipación de las detenciones, porque eso podría significar que alguno escapara.

En nuestro país, si la policía no actúa por falta de elementos hace mal y si actúa a fondo, pero sin avisar a nadie, como en el caso actual, también hace mal. Hay que denunciar al mal elemento, pero también darle crédito cuando lo merece. Desafortunadamente, otra es la manera en que muchos creen que se debe hacer política en México: “La mejor defensa es el ataque”, “Calumnia, que algo quedará”. Sacar “raja política” antes de que le cuelguen la medalla al adversario.

En la lucha contra el crimen organizado han muerto muchos agentes de todas las corporaciones policíacas y muchos soldados. Un buen homenaje a los que se sacrificaron sería que los políticos dejaran de lucrar políticamente cuando el gobierno federal y las instituciones correspondientes sólo están haciendo su trabajo, cumpliendo con su deber.

Esperemos que el operativo de ayer sea sólo el primero de una lista que debe extenderse por todas las entidades. Éste debe ser un aviso a los delincuentes que trabajan en cualquier oficina de gobierno para que sepan que ahora sí va en serio: alguien puede estar vigilándolos, cercándolos y su arresto puede ser cuestión de poco tiempo.

Esos malos servidores de la nación están a tiempo de aprender la lección: dejen los malos manejos, la corrupción, la colaboración con el narcotráfico porque el Operativo Michoacán lo que nos está mostrando es que este puede ser el principio del fin que estábamos esperando para acabar con esa corrupción generalizada que todos conocemos en muchos empleados públicos.

Ojalá caigan cabezas desde la más alta involucrada, hasta la de menor peso. Desde el alto funcionario, hasta el que pide “mordida” por acelerar un trámite oficial. Ese es el México que queremos y al que aspiramos los que deseamos lo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos.

El político corrupto, el político que levanta la mano cómplice, a veces también ensangrentada para gritar: “detengan al ladrón”, con el dinero malhabido en su propio bolsillo también puede ser detenido: en las urnas… y sólo falta poco más de un mes.

Así que esos que protestan porque las autoridades cumplieron con su deber en Michoacán están en la cuerda floja. Su actitud los exhibe. Solitos se quitan la careta.

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